La decisión de la Cámara de Nueva York marca un paso clave en el litigio por la estatización de YPF
La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió suspender todas las apelaciones vinculadas al juicio por la estatización de YPF, en una medida que se interpreta como un nuevo respaldo al reciente fallo favorable a la Argentina.
La decisión implica que los distintos recursos presentados en la causa quedan en pausa hasta que la resolución principal quede firme. En ese contexto, el tribunal también canceló la audiencia prevista para el 16 de abril, donde iban a tratarse esas apelaciones.
Entre los recursos suspendidos se encontraba el presentado por el Estado argentino contra una orden de la jueza Loretta Preska, que disponía la entrega de acciones de la compañía a los acreedores.
Un escenario más favorable para el país
El exsubprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, explicó que la medida responde a la lógica del fallo reciente: “La Cámara de Nueva York sigue tomando decisiones derivadas de su resolución favorable a la Argentina”.
Este avance se vincula con la decisión previa que dejó sin efecto la condena que obligaba al país a pagar cerca de 16.000 millones de dólares.
Los próximos pasos del litigio
A pesar del revés judicial, el fondo Burford Capital aún cuenta con dos posibles vías: solicitar una revisión ante el pleno de la Cámara (en banc) o recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
En ese marco, el fondo ya pidió extender los plazos hasta el 8 de mayo, argumentando cuestiones personales y profesionales de su abogado principal, Paul Clement.
Desde Burford calificaron el fallo como “muy decepcionante” y advirtieron que el caso podría continuar por otras vías, como el arbitraje internacional.
Claves del fallo
La resolución favorable a la Argentina se basó en que las leyes sancionadas por el Congreso prevalecen sobre el estatuto de la empresa. Según la mayoría del tribunal, los estatutos de una sociedad tienen carácter organizativo interno y no constituyen contratos exigibles entre el Estado y accionistas privados.
Este criterio fue determinante para descartar que la expropiación de YPF generara automáticamente una obligación indemnizable.
Mientras tanto, el litigio sigue abierto, aunque con un escenario que, por ahora, resulta más favorable para el país.
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