La medida impacta en programas clave como alfabetización, becas, salarios docentes e infraestructura universitaria y profundiza el conflicto con el sistema educativo
A pocas horas de una nueva Marcha Federal Universitaria en todo el país, el Gobierno nacional oficializó un recorte cercano a los $79 mil millones en el área de educación, lo que reavivó la tensión con el sistema universitario público y los gremios docentes.
La medida fue formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y contempla reducciones en distintos programas educativos, incluyendo alfabetización, becas estudiantiles, infraestructura escolar, salarios docentes y financiamiento universitario. El anuncio se conoce en un contexto de fuerte movilización del sector, que este martes vuelve a las calles para reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.
El ajuste más significativo recae sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción superior a los $35.000 millones destinados a transferencias a las provincias. También se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, con una merma cercana a los $9.000 millones, afectando mecanismos de equiparación salarial entre jurisdicciones.
A esto se suman recortes de $21.686 millones en infraestructura escolar y equipamiento, $6.649 millones en programas socioeducativos, más de $559 millones en becas estudiantiles y alrededor de $48.000 millones en transferencias destinadas a la plataforma educativa Educ.ar.
En paralelo, el impacto también alcanza a las universidades nacionales. La resolución oficial elimina más de $5.300 millones en infraestructura universitaria, lo que derivó en la paralización de obras en al menos trece casas de estudio. Entre las más afectadas se encuentran la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Si bien la Universidad Nacional de Rosario no figura entre las principales afectadas en este listado específico, el sistema universitario en su conjunto atraviesa una caída sostenida del presupuesto, estimada en más del 30% en términos reales entre 2023 y 2025, según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El conflicto se da en el marco de la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente objetada por el Poder Ejecutivo. Desde el sector universitario, gremios docentes y organizaciones estudiantiles advierten que la norma buscaba recomponer salarios y garantizar el funcionamiento básico de las universidades públicas, fuertemente afectadas por la inflación.
Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que la implementación de la ley resulta inviable por razones presupuestarias y legales. Funcionarios del área educativa argumentan que su aplicación implicaría un incremento del gasto que el Estado no está en condiciones de afrontar, postura que es rechazada por rectores y sindicatos, que denuncian un proceso de ajuste estructural sobre la educación superior.
En este contexto, la Marcha Federal Universitaria tendrá una nueva edición este martes en distintos puntos del país. En Rosario, la movilización partirá desde Plaza San Martín y culminará en el Monumento a la Bandera, con la participación de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes, en defensa del financiamiento de las universidades públicas y en rechazo al recorte presupuestario.
