El Gobierno, en su esfuerzo por fortalecer la meritocracia y reducir la estructura del Estado, ha implementado una medida que prohíbe que familiares o cónyuges de empleados fallecidos accedan a sus cargos en la administración pública. Esta resolución, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, apunta a eliminar una práctica que permitía heredar puestos en organismos como la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación.
Esta política es parte de una serie de reformas que buscan racionalizar el funcionamiento de la administración pública, incluyendo un recorte del 15% de la plantilla estatal y la promoción de jubilaciones. Según el Gobierno, la prohibición de los cargos hereditarios responde a los principios de igualdad establecidos en la Constitución y pretende reducir privilegios que favorecían a empleados estatales, creando un acceso a estos cargos basado exclusivamente en mérito.
Los controles se extenderán a convenios sindicales que puedan intentar restablecer esta práctica. Para el Gobierno, esta decisión es esencial para fortalecer la igualdad de oportunidades y mejorar la eficiencia en la administración pública, además de alinearse con su política general de reducción y modernización del aparato estatal.
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