El gobierno de Giorgia Meloni aprobó una reforma que limita la ciudadanía italiana por ius sanguinis a solo dos generaciones, afectando directamente a miles de argentinos descendientes de italianos.
Solo podrán acceder automáticamente quienes tengan un padre o abuelo nacido en Italia. Para los hijos de italianos nacidos en el extranjero, será necesario que hayan nacido en territorio italiano o que uno de sus padres haya residido legalmente allí al menos dos años antes.
Además, deberán demostrar un «vínculo efectivo con Italia», como residencia, conocimiento cultural, idioma o patrimonio.
La reforma tiene carácter retroactivo y se aplicará a solicitudes presentadas hasta el 27 de marzo de 2025, siempre que estén correctamente documentadas.
También se suspende la asignación de nuevas citas en consulados para iniciar trámites, ya que el proceso se centralizará en una oficina especial del Ministerio de Asuntos Exteriores que operará desde 2026.
Esta medida impacta de lleno en la comunidad argentina, donde más de 25 millones de personas tienen ascendencia italiana. Muchas familias que estaban tramitando o por iniciar el proceso ahora se verán afectadas.
La reforma elimina pruebas testimoniales, exige documentación más rigurosa, establece un plazo de 48 meses para resolver expedientes, aumenta la tasa a 700 euros e introduce el principio de “desuetudine”, por el cual se puede perder la ciudadanía si no se mantienen vínculos durante 25 años.
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