La investigación sobre la Unidad Regional II detectó una malversación de 45 millones de pesos mensuales en el sistema de carga de combustible para patrulleros.
El escándalo derivó en una intervención por 90 días, la detención de 16 policías y cuatro civiles, y el desplazamiento de jefes.
Cococcioni detalló que, con el objetivo de “colaborar y garantizar la eficacia, se decidió preservar la investigación para detectar el ilícito. Fue una investigación de 10 meses y, por parte del Ministerio, casi un año tomando medidas para detectar malas prácticas, imponiendo directivas y protocolos para hacer más eficientes los controles en la carga de combustible. Muchos de estos controles fueron incumplidos. Con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor”.
“Quiero reconocer a las autoridades del MPA, porque ha sido una investigación muy prolija y seria, que apoyamos completamente. Más allá de la magnitud económica, estamos hablando de una maniobra en red entre varias secciones policiales, tendiente a lucrar con algo tan sensible para nosotros como es la seguridad pública”.
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