Las empresas de transporte de media y larga distancia dejaron de entregar pasajes gratuitos a personas con discapacidad.
Las firmas aseguran que a partir de la publicación del decreto que desreguló el sector, no tienen la obligación de hacerlo porque dejaron de ser un “servicio público”.
En el Gobierno advierten que multarán a las líneas que no entreguen los tickets. Se abre una disputa legal que involucra más de 100.000 pasajes y $3.500 millones mensuales.
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