La diputada del PRO, Verónica Razzini, presentará este martes en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para penalizar los bloqueos de establecimientos comerciales e industriales. La iniciativa busca encuadrar como delito penal este tipo de protestas, incluyendo penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión para quienes obstruyan o bloqueen el acceso a empresas para obtener beneficios o causar perjuicio. Esta propuesta también sancionaría a sindicatos que promuevan esta práctica, lo que aumenta la tensión con la CGT y sectores sindicales.
El proyecto de Razzini, ex presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), cuenta con apoyo principalmente de legisladores del PRO y de aliados como Paula Omodeo y Ricardo López Murphy. En la comisión, donde participan diputados de distintos bloques, se requiere mayoría para emitir dictamen. Sin embargo, el apoyo de los legisladores de La Libertad Avanza es incierto, y su decisión será clave para determinar el avance o estancamiento del proyecto.
Razzini, empresaria rosarina y víctima de bloqueos en sus sedes en 2020 por el Sindicato de Camioneros, impulsó esta ley tras enfrentar amenazas e incidentes violentos. En caso de aprobación, se sumarían sanciones a quienes operen bloqueos indirectos, como la obstrucción a proveedores o servicios de una empresa.
Aunque el artículo de la Ley Bases permite a las empresas el despido con justa causa por bloqueo, la CGT ha manifestado rechazo y es probable que el gobierno frene la medida como parte de sus acuerdos con los sindicatos. Este proyecto sigue la línea de otras propuestas, como el de Democracia Sindical, que también busca reformar aspectos clave en el ámbito sindical, aunque ambos enfrentan una fuerte oposición en el Congreso.
Comentar sobre esta publicación