La quinta subasta organizada por la Aprad incluirá hasta 150 lotes, entre autos, motos y hasta un posible avión. Los fondos se destinarán a víctimas, políticas sociales y al funcionamiento del organismo.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció la realización de la quinta subasta pública de bienes incautados a organizaciones criminales, un mecanismo que busca transformar activos del delito en recursos para la sociedad. El evento tendrá lugar en abril en el Salón Metropolitano de Rosario y estará a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
En esta nueva edición se pondrán a la venta entre 140 y 150 lotes, que incluirán principalmente automóviles y motocicletas, aunque no se descarta la incorporación de bienes de mayor porte, como una aeronave. Para garantizar la transparencia del proceso, participarán 20 martilleros designados por los Colegios de Martilleros de toda la provincia.
La subasta forma parte de una política pública orientada a debilitar las estructuras económicas del crimen organizado. En ese sentido, los bienes que alguna vez estuvieron en manos de organizaciones delictivas son recuperados por el Estado y luego vendidos en procesos abiertos al público.
Según detallaron desde la Aprad, el dinero recaudado tendrá múltiples destinos: resarcir a víctimas de delitos, financiar el funcionamiento del propio organismo y sostener políticas sociales. Además, parte de los fondos se canaliza en donaciones para instituciones como escuelas, clubes y asociaciones vecinales, fortaleciendo el tejido social en distintos puntos del territorio santafesino.
Las ediciones anteriores de estas subastas ya lograron recaudar más de 3.500 millones de pesos, consolidando un modelo que se autofinancia sin necesidad de aportes directos del gobierno provincial. Este esquema permite dar continuidad a la iniciativa y ampliar su impacto.
Desde la provincia destacan que este tipo de acciones no solo representan un golpe económico al delito, sino que también envían un mensaje claro: los bienes obtenidos de manera ilegal pueden ser recuperados y puestos al servicio de la comunidad.
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