La abogada Mariela Capilla informó que presentó un pedido de acceso a la información pública y una consulta ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial para conocer la situación de los radares ubicados sobre la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Ibarlucea.
Según explicó, la respuesta recibida indica que esos dispositivos no figuran como autorizados para operar en esa traza nacional, lo que generó dudas sobre la legalidad de las infracciones emitidas mediante esos controles.
Ante esta situación, se intimó formalmente a la comuna y al juzgado de faltas local para que presenten la documentación correspondiente, incluyendo habilitaciones, homologaciones de los equipos, datos de la empresa operadora y el destino de los fondos recaudados por multas.
Capilla aclaró que el planteo no busca cuestionar los controles de tránsito ni las medidas de prevención vial. Por el contrario, sostuvo que los conductores deben respetar los límites de velocidad vigentes en la zona, especialmente por tratarse de un sector urbanizado.
No obstante, recomendó que quienes hayan recibido actas de infracción provenientes de esos radares realicen los descargos administrativos correspondientes hasta que se aclare la situación legal de los dispositivos.
La letrada adelantó que, si no se obtiene respuesta dentro de los plazos establecidos, podrían impulsarse nuevas acciones administrativas y judiciales para esclarecer el funcionamiento de los controles y determinar si cuentan con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente.
