Los abogados sostienen que el Grupo Austral recibió el 0,85% de los fondos de un fideicomiso de Vialidad y plantean un recurso de revisión para buscar suspender los efectos de la condena.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron un informe técnico con nuevas pruebas que, según la defensa, cuestionarían uno de los fundamentos utilizados en la condena de la causa Vialidad. El planteo apunta a impulsar un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y solicitar la suspensión de los efectos de la sentencia.
Durante una conferencia de prensa, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego señalaron que un informe elaborado por Specs Consultoría determinó que el Grupo Austral, perteneciente al empresario Lázaro Báez, recibió el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad. Según el informe presentado por la defensa, los desembolsos analizados superaron los 18,6 millones de dólares.
Beraldi sostuvo que el Tribunal Oral Federal que condenó a la expresidenta centró parte de su análisis en los fondos del fideicomiso de transporte o SISVIAL, vinculados al decreto 54/2009. Según la interpretación de la defensa, el principal destinatario de esos recursos entre 2009 y 2015 fue IECSA, empresa vinculada al empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, y no el Grupo Austral.
Los abogados consideran que estos datos contradicen la hipótesis de que la normativa cuestionada tuvo como finalidad beneficiar a Báez. La afirmación forma parte de la estrategia de la defensa y deberá ser evaluada por las autoridades judiciales correspondientes.
Según explicaron, la investigación sobre el porcentaje de fondos asignados al Grupo Austral surgió a partir de la declaración de un funcionario de Vialidad que intervino como testigo en el juicio por la causa Cuadernos y explicó el funcionamiento de una base de datos sobre la utilización de los recursos del fideicomiso.
La defensa también señaló que durante el juicio de Vialidad había solicitado una pericia contable para analizar el destino de los fondos, pero que ese pedido fue rechazado en distintas instancias.
El recurso de revisión es presentado por los abogados como la principal vía para intentar modificar los efectos de la condena. La sentencia de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos quedó firme en junio de 2025, y Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria.
Los defensores anticiparon además que cuentan con otras pruebas que todavía no harán públicas y que serán incorporadas tanto ante la Justicia argentina como ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
